Caso de sobrecostos en penales lleva a ciudadanos a pedir que se investigue a Sergio Montaño Fernández y ex funcionarios

Por su presunta implicación en hechos de corrupción relacionados con contratos penitenciarios durante el mandato de Genaro García Luna, actualmente detenido en EE.UU., un grupo de ciudadanos pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) reactivar el caso contra Sergio Montaño Fernández, quien se desempeñó como Oficial Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública.

El argumento central de la petición radica en que, aunque un tribunal determinó que los delitos de 16 exfuncionarios prescribieron, el proceso judicial contra García Luna continúa activo. Con base en esto, se plantea que Montaño Fernández podría haber firmado contratos que ocasionaron un sobrecosto superior a los 62 mil millones de pesos en la operación y construcción de ocho prisiones de alta seguridad y que, además, habría tenido vínculos con la red encabezada por García Luna, condenado a 38 años y 8 meses de prisión por delitos de narcotráfico.

Montaño Fernández es señalado por su presunta participación directa en la adjudicación de contratos con empresas privadas. Por este motivo, quienes presentaron la solicitud piden que la FGR determine si existen delitos que aún puedan ser perseguidos y se garantice que el caso no quede sin consecuencias legales.

Los contratos en cuestión fueron adjudicados entre 2010 y 2011 a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco. El total comprometido en estos convenios ascendió a casi 270 mil millones de pesos, y tenía como objetivo la construcción de los penales federales con capacidad para albergar a 20 mil reclusos.

La resolución judicial dejó sin efecto las imputaciones contra varios altos mandos, entre ellos el General Sergio Alberto Martínez Castuera, además de sus antecesores en el cargo: el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.

Además de los anteriores, el cierre del caso benefició a Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, así como a los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

Junto a Montaño Fernández, también se incluyen a Arturo Sosa Viderique, director de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la SSP; Miguel Vital Hernández, director general adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, extitular de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo; María Lidia Alcántar Vargas; Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.

De acuerdo con los registros, las firmas originales de los contratos se realizaron en 2010 y 2011 por Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez. El resto de los exfuncionarios implicados firmaron 76 convenios modificatorios durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Por el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido ninguna postura oficial sobre la solicitud de reabrir el caso.