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La administración estatal de Hidalgo que encabeza el gobernador Julio Menchaca está próximo a revelar el desenlace de la licitación EA-913003989-N232-2023, en la cual se aborda el arrendamiento de 151 vehículos para un período de dos años, desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2025, y donde se perfila como ganadora una empresa presuntamente vinculada al ex gobernador Omar Fayad.
Conforme a los documentos que rigen este procedimiento, el cual fue convocado el 8 de agosto por la Oficialía Mayor, dirigida por Edgar Orlando Ángeles Pérez, dos empresas han presentado sus propuestas técnicas y económicas con el fin de proveer las unidades requeridas.
Una de las entidades concursantes en esta licitación es Green Movi, cuya propiedad está registrada a nombre de Luis Ricardo Guinea Prado y Gloria López Montemayor, de acuerdo a lo estipulado en su acta constitutiva.
Esto generó especulación en torno a si Green Movi podría gozar de la preferencia del ex gobernador Omar Fayad, quien supuestamente la benefició con contratos de alto calibre durante su mandato.
Green Movi ostenta un historial de obtención de contratos destacados. Entre ellos resalta el contrato 509/2022 para el arrendamiento de 40 camionetas pick-up y 15 SUV equipadas como patrullas, con un valor de 80 millones de pesos. Igualmente, figura el contrato 260/2021 para el alquiler de 65 unidades Volkswagen Vento, con un coste de 76.9 millones de pesos.
Según registros públicos, estas asignaciones habrían sido otorgadas mediante licitaciones públicas y procesos de adjudicación directa.
En la licitación cuyo resultado se determinará el 22 de agosto, Green Movi ha presentado la propuesta más alta, contrastando con su competidora, al ofertar el servicio por 260 millones 234 mil 400 pesos. Por otro lado, la otra empresa ha ofrecido los vehículos por 240 millones de pesos, es decir, 20 millones por debajo de la propuesta de Green Movi.
El pronunciamiento del resultado de esta licitación ha generado una expectativa creciente y suscitó el escrutinio del proceso, dado que podría influir en la transparencia y equidad del proceso de selección de proveedores en el estado de Hidalgo y una afectación a las arcas públicas.
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